Piden siete años de cárcel para una mujer por intento de homicidio en Ponferrada
La Fiscalía de Ponferrada solicita siete años de prisión para una mujer acusada de intentar matar a un hombre durante...
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La Fiscalía de Ponferrada solicita siete años de prisión para una mujer acusada de intentar matar a un hombre durante...

El Juzgado de lo Social de Ponferrada deberá decidir, tras el juicio celebrado este martes, qué convenio se aplica a...

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa...

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles una providencia en la que comunica a las partes personadas...

La querella presentada por Hazte Oír atribuye al ex presidente leonés presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación con el papel que habría desempeñado para sostener internacionalmente al régimen de Maduro.

El sindicato denuncia que "existe un pacto sindical entre la administración y los grandes sindicatos, que da miles de horas y subvenciones económicas cuantiosas muy por encima de lo que marca la Ley para las principales tres organizaciones, CCOO, UGT y CSIF".

La cantidad corresponde a gastos de notaría, de registro, gestoría y tasación. Por otro lado, el Tribunal Supremo acaba de resolver que se impongan las costas al banco cuando se estime un recurso de apelación del consumidor en procesos por cláusulas abusivas.

El Real Madrid, cuyo recurso ha sido estimado en parte, interpreta que "el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente" los clubs que entonces militaban en Segunda División, entre ellos la Ponferradina, que le corresponderían unos 4 millones.

La organización aporta a la Fiscalía datos parlamentarios y documentos oficiales que señalan "la baja ejecución presupuestaria en prevención, el incumplimiento de plazos de limpieza forestal y la falta de planificación estructural durante más de 15 años".

Concluida la instrucción, las acusaciones piden la imposición de "muy graves penas privativas de libertad" ante posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

La Asociación Caracol de Ponferrada informa que el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha estimado el recurso presentado por...

La Sala Segunda del alto tribunal anticipa el fallo, que se ha dictado por mayoría de sus miembros, contra Álvaro García Ortiz, quien además deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales. Pierde además la condición de fiscal.

La resolución, que todavía no es firme, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español, puesto que la publicidad que ofrecía la prensa digital española tenía que competir con la publicidad comportamental de Meta, efectuada a partir de la infracción en el tratamiento de millones de datos personales de millones de usuarios de Facebook e Instagram obtenidos no sólo de las páginas webs de Meta, sino de otras páginas de internet por las que navegaban los usuarios.

Tras acordar las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, el juez destaca que se han robustecido los consistentes indicios que ya pesaban contra el ex secretario general del PSOE, pero que ello no justifica por sí mismo mantener la medida cautelar excepcional de prisión.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de León ha estimado la demanda del Consistorio por la que se reclamó a Gersul el cumplimiento de un convenio suscrito en 2015.

"Cuando la ciudadanía tiene la obligación de acatar el cumplimiento de la ley bajo pena de sanción, es intolerable que las instituciones ignoren sus propias normas", denuncian las asociaciones.

En su contratación en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017. La acusación popular solicita tres años de prisión para David Sánchez y el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

El Ayuntamiento había solicitado una caución de más de 250.000 euros a Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla, pero el Juzgado la desestimó, considerando que exigirla a las asociaciones cívicas vulneraría su derecho a ejecutar la sentencia.

"No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar (...) una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, señala el juez.

La asociación recuerda que tras catástrofes anteriores en El Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), "no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye, a nuestro juicio, una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”.

Santos Cerdán se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 30 de junio.

Este pasado 15 de octubre se ha celebrado en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el juicio...

La cantera de cuarcita autorizada prevé una extracción superior a 342.000 toneladas durante 30 años, mediante el uso de maquinaria pesada y explosivos, en una zona de alto valor ecológico próxima al LIC “Ancares-Courel” y a las Riberas del Sil, según se apunta dese la Asociación Indignados de Gestoso.

El juez señala que “no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión”.