Condenados a un año de prisión por estafar 56.000 euros al Ayuntamiento de Camponaraya en una falsa compraventa de terrenos
La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión a cuatro personas por estafar al Ayuntamiento de Camponaraya mediante una operación fraudulenta relacionada con la compraventa de unos terrenos destinados a la construcción de una escuela infantil en la localidad.
Según recoge la sentencia, los hechos se remontan a mediados de la década de los 2000, cuando una empresa autorizó expresamente al Ayuntamiento a construir un Centro de Educación Infantil en una finca de su propiedad ubicada en el Polígono Las Cercas. La obra fue ejecutada en 2009, pero tras su finalización, surgieron discrepancias respecto a la compraventa del terreno, lo que llevó al Consistorio a presentar una demanda civil.
El procedimiento concluyó con un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada, por el cual el Ayuntamiento adquiría el terreno por un precio fijado según una tasación pericial judicial, y que se abonó con la condición de que la finca estuviera libre de cargas.
Sin embargo, los acusados —apoderado general y administradores de dos mercantiles— actuaron con engaño en ese procedimiento judicial. De manera deliberada, ocultaron al Ayuntamiento la existencia de una carga hipotecaria sobre la finca. Dicha carga había sido simulada previamente mediante una escritura pública firmada el 4 de marzo de 2013, en la que se reconocía una deuda ficticia de 56.000 euros entre las mercantiles implicadas, respaldada por una garantía hipotecaria sobre el terreno objeto de compraventa.
El tribunal considera acreditado que los acusados diseñaron esta operación para apropiarse ilícitamente de los fondos públicos destinados a la adquisición del terreno, perjudicando al patrimonio municipal.
La sentencia condena a los cuatro acusados a un año de prisión como autores de un delito de estafa y reconoce el perjuicio económico causado al Ayuntamiento, al que se le abonó un terreno que no estaba libre de cargas, tal y como se había pactado.
El fallo aún no es firme y cabe recurso ante instancias superiores.
