Auto Judicial Red de Calor: “Existe un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración”

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha estimado la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de Compostilla y Plataforma Bierzo Aire Limpio instando la ejecución provisional de la sentencia del pasado mes de julio y dictaba este martes un Auto ordenando el "cese inmediato" de la actividad en la red de calor de Ponferrada por “operar sin las garantías ambientales debidas”.

Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla responsabilizan al Ayuntamiento de Ponferrada -en los mandatos que tuvieron a Gloria Fernández (PP) y Olegario Ramón (PSOE) al frente de la Alcaldía- de la situación al "haber desoído todas las advertencias desde 2017 y una primera sentencia dictada en el año 2020. Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible”.

Bierzo Aire Limpio vuelve a exigir dimisiones, que se deriven responsabilidades y una auditoría del dinero público gastado en la Central ubicada a lado del Barrio de Compostilla. Precisan además que "ningún abonado o conectado a la red de calor podrá quedarse sin calefacción, dado que deberían disponer según el Auto de los medios alternativos que dichos centros necesariamente poseían antes de la conexión a la red".

Un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración.

El Auto judicial se pronuncia en términos muy rotundos señalando que existe “un perjuicio consistente en la exposición de la población a un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración” y que se “trata de atajar la existencia misma de una instalación industrial operando sin las garantías ambientales debidas. La finalidad de la legislación de prevención ambiental es preventiva; si se permite que una instalación opere sin evaluación integral hasta que la sentencia sea firme (lo que puede demorar años), el eventual daño ambiental o a la salud ya se habrá producido, convirtiendo la tutela judicial en ilusoria.”

La sentencia que se ejecuta provisionalmente mediante este Auto fue dictada el mes de julio pasado y ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el Ayuntamiento de Ponferrada y SOMACyL. Según las entidades actuantes “en lugar de sentarse a subsanar las carencias y arreglar las cosas, el Ayuntamiento ha optado por recurrir esta sentencia profundizando en los errores cometidos anteriores”.

El interés público ha sido vulnerado y que este debe primar sobre los intereses de SOMACYL, que no deja de ser una Sociedad Anónima, aunque de capital público que cada vez está más presente en multitud de ámbitos y cuyas propuestas y actuaciones están siendo muy cuestionadas por continuas resoluciones judiciales.

El Letrado que ha llevado esta demanda, Víctor Álvarez Bayón, del Despacho Cordal Abogados, destaca que el Auto reconoce que “el interés público ha sido vulnerado y que este debe primar sobre los intereses de SOMACYL, que no deja de ser una Sociedad Anónima, aunque de capital público que cada vez está más presente en multitud de ámbitos y cuyas propuestas y actuaciones están siendo muy cuestionadas por continuas resoluciones judiciales”.

Se ha levando media ciudad de Ponferrada, entregando miles de metros de subsuelo a una empresa sin seguir el procedimiento legal y a día de hoy esta central se queda sin permisos y lo más relevante es que la única licencia ambiental, ya anulada, ni siquiera incluía la red de tuberías que recorre toda la ciudad.

Desde la asociación de Vecinos de Compostilla se denuncia que “no se ha mirado por los intereses públicos, pues la única intención de SOMACYL fue siempre el préstamo europeo del Banco de Inversiones por encima de todo. Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible. Se ha levando media ciudad de Ponferrada, entregando miles de metros de subsuelo a una empresa sin seguir el procedimiento legal y a día de hoy esta central se queda sin permisos y lo más relevante es que la única licencia ambiental, ya anulada, ni siquiera incluía la red de tuberías que recorre toda la ciudad.”

La portavoz de Bierzo Aire Limpio, Marga Camba, asegura que el Ayuntamiento ha tenido varias ocasiones para subsanar los errores cometidos en la construcción de esta central que no cuenta con la tramitación legal adecuada "y nunca se le ha visto la intención de hacerlo. Es más, la de julio es la segunda sentencia en contra y no ha habido tampoco movimiento para intentar arreglar la situación, todo lo contrario se ha mantenido en las mismas a pesar de la ejecución provisional".

No se tiene ninguna intención de perjudicar a los posibles inmuebles públicos y privados que han contratado los servicios, debiendo tener otros sistemas de calefacción alternativos. (...) Según el propio certificado aportado por el Ayuntamiento, hay seis edificios conectados a la red de calor y ninguno es la residencia de ancianos.

En cuanto a los perjuicios a los posibles terceros como los inmuebles públicos y privados que han contratado sus servicios, la portavoz asegura que “no se tiene ninguna intención de perjudicarles, debiendo tener otros sistemas de calefacción alternativos y, en todo caso, tiene que ser el Ayuntamiento el que corra con los gastos que genere la decisión judicial sobre este asunto”.

El Auto establece expresamente que “la Administración (Ayuntamiento) y la promotora (SOMACYL) tienen la obligación de disponer los medios alternativos (calderas de gasóleo, gas, etc., que dichos centros necesariamente poseían antes de la conexión a la red) para garantizar la continuidad del servicio por otros medios. El perjuicio es, en esencia, económico (el coste de restablecer los sistemas antiguos) y organizativo (la molestia a los usuarios)”.

De hecho, "según el propio certificado aportado por el Ayuntamiento y firmado el 23/10/25 en la oposición a la demanda de ejecución provisional solo hay seis edificios conectados a la red de calor y ninguno es la residencia de ancianos", se precisa desde los colectivos, en alusión a "las manifestaciones del Ayuntamiento que pide responsabilidad para no dejar sin calefacción ni ACS a colegios, residencias de ancianos. No ha vacilado en mantener en funcionamiento una actividad potencialmente dañina para el medio ambiente y la población, sin evaluar los posibles riesgos y es más, pretende que siga funcionando en esas mismas condiciones”.