La Junta convoca ayudas por 1,8 millones de euros para formación con compromiso de contratación en empresas de Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 1.800.000 euros destinada a impulsar programas de formación con compromiso de contratación, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y adaptar su cualificación a las necesidades reales del mercado laboral.
El programa busca responder a los cambios que vive el tejido productivo de la comunidad, especialmente en ámbitos relacionados con la digitalización y la transición ecológica, favoreciendo una formación más ajustada a los perfiles profesionales que demandan actualmente las empresas.
Las ayudas, que se concederán en régimen de concesión directa, cubrirán acciones formativas de hasta 300 horas y se calcularán en función de módulos económicos por hora de formación y alumno. Para la parte teórica, las cuantías oscilarán entre los 13 y los 9 euros por hora y alumno, mientras que para la formación práctica se situarán entre los 6 y los 3 euros por hora y participante.
Uno de los aspectos más destacados del programa es el compromiso de inserción laboral que deberán asumir las empresas y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias. En concreto, estarán obligadas a contratar al menos al 50% de los alumnos que participen en las acciones formativas.
Estas contrataciones deberán formalizarse en un plazo máximo de 15 días tras finalizar la formación, salvo en aquellas profesiones que requieran pruebas específicas de aptitud, donde el margen se amplía hasta los seis meses. Además, los contratos deberán mantenerse durante un periodo mínimo de entre 180 y 360 días, dependiendo del tipo de jornada laboral.
La formación podrá diseñarse específicamente según las necesidades concretas de las empresas participantes o basarse en especialidades recogidas en el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional. Las acciones serán presenciales, aunque se permitirá el uso complementario del aula virtual, e incluso podrán incluir prácticas no laborales en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.
El programa dará prioridad a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como personas desempleadas con baja cualificación, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, parados de larga duración y beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o del Ingreso Mínimo Vital. También se incluyen como colectivos prioritarios los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o por el mecanismo RED.
