Aprobada la iniciativa de UPL en Cortes para renovar y actualizar la normativa de ratios del personal docente y no docente de los Centros de Educación Especial
Unión del Pueblo Leonés (UPL) logró la aprobación en las Cortes de Castilla y León, con el único voto en contra de los representantes del PP, de la Proposición No de Ley (PNL) para renovar y actualizar la normativa de ratios del personal docente y no docente de los Centros de Educación Especial. Así lo defendió el procurador berciano de UPL, José Ramón García, en la Comisión de Educación, en la que hizo énfasis en la necesidad de elaborar y desarrollar una normativa específica sobre el currículo y el reglamento orgánico de estos centros.
García reconoció que esta iniciativa tenía como objetivo “dar voz” a un sistema educativo “muchas veces olvidado, silenciado y relegado a un segundo plano” y que cuenta con profesionales, familias y, especialmente, alumnos que requieren “de una atención específica, personalizada y constante” y que la normativa vigente no les hace justicia. “La regulación actual es deficitaria, obsoleta y totalmente desfasada que, en su momento, supuso un avance pero que se queda corta y no responde a la evolución pedagógica ni a los nuevos perfiles de alumnado y a las necesidades profesionales y organizativas”, reseñó.
En esta línea, destacó que en estos quince años “cambió la sociedad y la educación”, pero la Junta de Castilla y León “sigue sin actualizar el marco normativo” puesto que los Centros de Educación Especial “no disponen siquiera de reglamento orgánico propio”. Y, lo cierto, “no se puede seguir tratando igual” a un centro de estas características que a un CEIP o a un IES, es necesario un reglamento orgánico de funcionamiento propio como ya hicieron otras comunidades autónomas.
El procurador berciano de UPL advirtió que ahora mismo “solo existe un documento orientativo sin rango de ley” y que genera desigualdad entre centros e inseguridad jurídica para los propios profesionales, cuando “lo que debería ser un objetivo de cualquier administración responsable” es desarrollar un currículo organizado em ámbitos globales e integradores”. “La etapa de Transición a la Vida Adulta -entre los 16 y los 21 años- está regulada por una norma de 1999, urge una actualización integral de esta etapa para dotarla de un enfoque moderno, funcional y útil”, sentenció.
Algo similar a lo que sucede “de forma más evidente e injusta” en las ratios del personal docente y no docente, tras quince años desde la última regulación no lo ha hecho con los Centros de Educación Social lo que sí hizo con el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Una situación que genera “una doble desigualdad” al mantenerse las ratios actuales insuficientes y al no contemplar adecuadamente la realidad del personal no docente enfermeras, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, orientadores, ni especifican criterios claros sobre cuándo un centro debe contar con determinados servicios sanitarios.
“El alumnado de Educación Especial merece que su educación se regule con el mismo rigor, modernización y consideración que cualquier otra etapa educativa, deben escuchar a las familias, los docentes y a los equipos directivos”, reclamó. Y es que, la falta de actualización de la normativa tiene consecuencias como “plantillas desbordadas, centros sin criterios homogéneos, programas educativos dispares y una desigualdad territorial evidente, donde no es lo mismo nacer en Valladolid que en León, Zamora o Palencia”.
El procurador leonesista finalizó reiterando que actualizar la norma “no es un capricho, es una obligación moral, educativa y social” y criticó que la excelencia educativa de la que presume la Junta “no puede medirse solo en informes PISA, también se mide en cómo tratamos a quienes más apoyo necesitan. “Defender la educación especial es defender la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades dentro de Castilla y León. No es un gasto, es una inversión en inclusión, equidad y calidad educativa”, concluyó.
