El alcalde de Villafranca del Bierzo reclama soluciones ante la retirada del cable de cobre en La Somoza

La retirada del cable de cobre que permitía el mantenimiento de la telefonía fija en los diez pueblos de la zona de La Somoza, en Villafranca del Bierzo, ha dejado incomunicados a unos 200 vecinos en invierno y a cerca de 800 en verano, según denunció este lunes el alcalde Anderson Batista. Ante esta situación, el regidor hizo un llamado urgente a las operadoras para que aceleren la instalación de la fibra óptica prevista en el Plan Único de banda ancha del Gobierno central.
Falta de alternativas viables
Batista lamentó que, además de la falta de cobertura móvil en la zona, los teléfonos satelitales utilizados por algunos residentes no garantizan un servicio estable. Esta situación, según el alcalde, no solo afecta a la población local, sino también a la hostelería y los comercios, sectores fundamentales para la economía de la región.
“Tenemos a diez pueblos que sufren el problema de la incomunicación telefónica, y esta realidad es inadmisible en pleno siglo XXI”, señaló Batista, recordando que los vecinos ya habían protagonizado una manifestación de protesta en Villafranca la pasada primavera. Sin embargo, tras casi un año, la situación no ha cambiado, y ahora se suma la retirada del cable de cobre por parte de Telefónica.
Carreteras y conectividad: problemas estructurales
El alcalde también aprovechó para criticar el estado de las carreteras en La Somoza, que considera una muestra más del abandono que sufre la zona. “Es fundamental que se invierta en infraestructuras básicas, no solo para garantizar la comunicación, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y fomentar el desarrollo local”, destacó.
Este periódico intentó contactar con Telefónica para obtener declaraciones sobre la retirada del cable de cobre y el retraso en la instalación de la fibra óptica, pero no recibió respuesta.
Exigencia de medidas inmediatas
Batista insistió en la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las operadoras y las administraciones responsables. “No podemos permitir que las zonas rurales se queden atrás. La conectividad no es un lujo, es un derecho básico”, concluyó.
















