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Piden dos años de prisión por estafar a una empresa de asfaltos en la venta de maquinaria

Aunque el caso tiene su origen en Granada, una empresa ponferradina se vio afectada al desconocer que el acusado no era realmente el propietario de la maquinaria que estaba vendiendo.

Edificio institucional con árboles en primer plano y cielo azul
Foto: Triplecaña

La Fiscalía ha solicitado una condena de dos años de prisión para un hombre acusado de cometer una estafa en el marco de una operación de compraventa de maquinaria vinculada a una empresa del sector del asfalto en la provincia de Granada, unos hechos que se remontan al año 2022 y que han derivado en un perjuicio económico significativo para la mercantil afectada.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, el origen del caso se sitúa en el verano de ese año, cuando el acusado suscribió un contrato de compromiso de compraventa de maquinaria con la empresa perjudicada. En ese acuerdo inicial, el investigado se presentaba como titular o con capacidad de disposición sobre los equipos, generando así una apariencia de legalidad y confianza que resultó clave para que la otra parte aceptara la operación.

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2022, el acusado formalizó una segunda operación: vendió seis máquinas, actuando como representante legal de otra sociedad, a una empresa de asfaltos con sede en Ponferrada, por un importe total de 60.000 euros. Como forma de pago, recibió tres pagarés de 20.000 euros cada uno, con fechas de vencimiento escalonadas entre diciembre de 2022 y abril de 2023. En esa transacción, además, aseguró expresamente que la maquinaria estaba libre de cargas, reforzando así la apariencia de que la operación era plenamente legítima.

Sin embargo, según sostiene la Fiscalía, ni el administrador ni los responsables de la empresa compradora tenían conocimiento de que el acusado no era realmente el propietario de la maquinaria que estaba vendiendo. Esta circunstancia resultó determinante, ya que implicaba que el acusado carecía de facultades para disponer de los bienes, lo que convierte la operación en irregular desde su origen.

Las irregularidades comenzaron a aflorar cuando uno de los pagarés fue presentado al cobro y resultó impagado por falta de fondos. A partir de ese momento, la situación derivó en una cadena de intentos fallidos de solución. El afectado llegó a firmar con el acusado un acuerdo para resolver el contrato inicial —fechado el 3 de agosto de 2022—, en el que se contemplaba la devolución del pagaré que no había podido hacerse efectivo.

No obstante, la resolución del contrato no solucionó el problema de fondo. Para entonces, el acusado ya había vendido la maquinaria a un tercero, por lo que no podía devolver los bienes a la empresa inicialmente perjudicada. Esto dejó a la mercantil en una situación especialmente gravosa: sin la maquinaria comprometida y sin el dinero correspondiente.

A esta circunstancia se sumó el hecho de que existían otros pagarés vinculados a la operación que tampoco pudieron ser cobrados. En concreto, la empresa perjudicada recibió tres pagarés adicionales que no estaban emitidos ni a su nombre ni al de su sociedad, lo que impedía su cobro efectivo. Además, los responsables de la empresa de Ponferrada se negaron a endosarlos una vez que tuvieron conocimiento de las irregularidades existentes en la operación.

El Ministerio Público también recoge que el acusado llegó a plantear la posibilidad de resolver la situación mediante el abono de una cantidad económica adicional, propuesta que no fue aceptada por la empresa afectada, que ya había detectado inconsistencias en toda la operación.

Para la Fiscalía, el conjunto de estos hechos evidencia que el acusado actuó con intención de engañar desde el inicio, utilizando una apariencia de legalidad para obtener un beneficio económico indebido. Por ello, califica los hechos como un delito de estafa impropia.

Además de la pena de prisión de dos años, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a la empresa perjudicada con una cantidad que asciende a 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados.

El caso se encuentra pendiente de enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Granada, donde se determinará finalmente la responsabilidad penal del acusado en relación con estos hechos.

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