Juicio a un empresario por falsificación documental en relación con un contrato de mantenimiento en el Edificio Torre de la Rosaleda
El fiscal pide tres años de prisión y una multa de más de 5.000 euros por falsificar un contrato de mantenimiento del sistema contra incendios.
La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo lunes, 10 de junio, el juicio contra un empresario acusado de falsificación documental en relación con un contrato de mantenimiento del sistema contra incendios en el Edificio Torre de la Rosaleda, en Ponferrada. Los hechos se remontan al año 2020, cuando el acusado, representante legal de la empresa Arenal Sistemas de Seguridad contra Incendios S.L., presentó una demanda civil contra la comunidad de propietarios del citado edificio, reclamando el pago de 10.732,70 euros por supuestos servicios prestados.
Para sustentar su reclamación, el acusado aportó un contrato de mantenimiento firmado, según él, por la entonces presidenta de la comunidad. Sin embargo, durante el proceso judicial, la comunidad alegó que la firma había sido falsificada. A pesar de ello, la demanda fue estimada en febrero de 2021 y la comunidad fue condenada a abonar la cantidad reclamada, más los intereses legales.
Posteriormente, una prueba pericial caligráfica confirmó que la firma del contrato no era auténtica. Según el auto judicial, el acusado, directamente o por medio de personal de su empresa, habría imitado la rúbrica con el objetivo de aparentar la existencia de un acuerdo contractual y obtener así un beneficio económico indebido, perjudicando los intereses de la comunidad de propietarios.
A la vista de estos hechos, la Fiscalía solicita que se declare nula la sentencia civil que dio la razón al empresario y que se condene al acusado por un delito de falsificación de documento privado —conforme al artículo 395 en relación con el 390.1.3º del Código Penal— en concurso de normas con un delito de estafa procesal, recogido en los artículos 249 y 250.1.7º del Código Penal, en su redacción anterior a la reforma.
El Ministerio Fiscal pide para el acusado tres años de prisión y una multa de 12 meses a razón de 15 euros diarios, lo que supondría un total de 5.400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas. Además, solicita que el acusado indemnice a la Comunidad de Propietarios del Edificio Torre de la Rosaleda por los gastos y costas procesales en los que incurrió.
