Los transportistas bercianos reclaman mejoras en la A-6 y soluciones para incorporar nuevos conductores
UPA-Trans trasladó sus reivindicaciones a las candidatas del PP Silvia Franco y Lidia Coca. El sector alerta del aumento de costes por el estado de las carreteras, las dificultades para contratar profesionales y la falta de aparcamientos seguros.
El sector del transporte de mercancías del Bierzo ha puesto sobre la mesa sus principales problemas en un encuentro con las candidatas del Partido Popular por León, Silvia Franco y Lidia Coca, celebrado este jueves, 12 de noviembre. La asociación UPA-Trans Bierzo y León aprovechó la reunión para reclamar mejoras en las infraestructuras, especialmente en la autovía A-6, y medidas que faciliten la incorporación de nuevos conductores profesionales.
La organización también trasladó sus preocupaciones sobre la fiscalidad de los autónomos, las cotizaciones a la Seguridad Social y la inseguridad que sufren los transportistas cuando estacionan sus vehículos en áreas de servicio y aparcamientos.
Según los datos facilitados por la asociación, UPA-Trans agrupa a 234 empresas de transporte en la provincia de León, de las que aproximadamente el 75% se encuentran en el Bierzo. En conjunto, generan alrededor de 1.000 empleos. La comarca cuenta con más de 800 camiones y un volumen de negocio estimado de entre 14 y 15 millones de euros.
El estado de la A-6, una de las principales preocupaciones
Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el mantenimiento de la A-6. Los representantes del sector advirtieron de que el deterioro de la infraestructura repercute directamente en la actividad diaria de las empresas, al incrementar el consumo de combustible, el desgaste de los neumáticos y los gastos de reparación de los vehículos.
La preocupación por esta autovía tiene también un contexto concreto en el Bierzo. El viaducto de Tremor, situado en el kilómetro 355,8, permanece sometido a vigilancia y actuaciones de conservación por sus problemas estructurales. El Ministerio de Transportes aprobó en junio el proyecto definitivo para construir dos nuevas estructuras de 480 metros que sustituirán al viaducto actual.
La falta de camioneros dificulta cubrir las vacantes
La escasez de conductores profesionales es otro de los problemas que más preocupan a las empresas bercianas. UPA-Trans señaló que algunas compañías están recurriendo a trabajadores procedentes de otros países para cubrir los puestos disponibles, pero se encuentran con dificultades administrativas para homologar o canjear sus permisos de conducción.
La asociación también apuntó a la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que contribuye a retrasar los trámites y la incorporación de estos profesionales.
El problema no es exclusivo de la comarca. Según datos difundidos por la Agencia EFE en mayo, España necesitaba más de 20.000 conductores profesionales y durante el año anterior se tramitaron más de 15.500 canjes de permisos de conducción de trabajadores extranjeros.
Fiscalidad y seguridad para los transportistas
En el encuentro también se abordó la situación de los autónomos del transporte. UPA-Trans reclamó estabilidad en las cotizaciones sociales y en la fiscalidad para que los profesionales puedan planificar su actividad sin cambios que comprometan la viabilidad de sus negocios.
A estas dificultades se suma la preocupación por los robos y actos vandálicos que sufren los camiones estacionados en áreas de servicio y aparcamientos. La asociación considera necesario reforzar la seguridad y ampliar los espacios de estacionamiento protegidos.
El PP presenta sus propuestas para el sector
Por su parte, Silvia Franco y Lidia Coca expusieron algunas de las medidas que recoge el programa electoral del Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Entre las propuestas figuran la cuota cero durante el primer año para los nuevos autónomos, la simplificación de trámites administrativos y la exención de determinadas obligaciones del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales.
En materia de infraestructuras, las candidatas presentaron un plan de inversión de 300.000 millones de euros en 15 años, junto con un programa de conservación de los más de 26.500 kilómetros de carreteras estatales. La propuesta contempla priorizar los tramos con mayor deterioro y siniestralidad, además de ampliar las áreas de descanso y los aparcamientos seguros para transportistas.
