El Juzgado de Ponferrada investiga presuntas irregularidades en contratos de la Ciuden por 2,6 millones de euros
El Juzgado de Ponferrada ha abierto una investigación para esclarecer presuntas irregularidades en contratos de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que podrían alcanzar los 2,6 millones de euros, según la denuncia presentada por un extrabajador de la institución.
Las supuestas irregularidades estarían vinculadas, principalmente, a contratos relacionados con el programa cultural Dinamiz-ARTj, una iniciativa orientada a llevar actividades culturales a territorios en transición. Según la denuncia, los hechos afectarían a pequeños contratos presuntamente fraccionados, con el objetivo de beneficiar a determinadas empresas.
Denuncia y despido posterior
El extrabajador presentó la denuncia en 2024, alegando la existencia de pagos fraccionados y adjudicaciones irregulares. Posteriormente fue despedido, lo que ha derivado en un segundo conflicto por la vía penal, al considerar que el cese podría haber sido una represalia por haber puesto en conocimiento estas supuestas irregularidades.
Respuesta de la Ciuden
Por el momento, la Ciuden ha negado los hechos en declaraciones a la agencia Ical, asegurando que, como fundación pública, “actúa siempre desde la más estricta legalidad en todo su ámbito de actuación y en todos los procesos de contratación”.
Desde la entidad añaden que las acusaciones proceden de “un extrabajador que apenas estuvo cinco meses en su puesto y fue cesado durante el período de pruebas por graves faltas cometidas contra sus compañeros”. Según la fundación, esta persona interpuso una demanda que ya ha sido desestimada por sentencia judicial.
El PP pide explicaciones y una auditoría externa
A raíz de la investigación judicial, el Partido Popular de Ponferrada ha solicitado explicaciones inmediatas y la realización de una auditoría externa sobre la gestión de la Ciuden.
El portavoz de la gestora del PP local, Carlos Fernández, considera que la investigación “pone de manifiesto la gravedad del asunto” y subraya la necesidad de aclaraciones independientes. Según señala, los procedimientos denunciados generan “desconfianza”, especialmente por el fraccionamiento de pagos, el uso de anticipos y la falta de información sobre los destinatarios y la adecuación de los proyectos financiados.
