CCOO rechaza la implantación en Ponferrada del CES adscrito a la Universidad Católica de Ávila

El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León, con el respaldo de la unión comarcal de CCOO Bierzo, manifiesta su "rechazo frontal" a la autorización, por parte de la Junta, al CES Alfonso XII adscrito a la Universidad Católica de Ávila en Ponferrada. "Esta decisión, tomada sin transparencia ni diálogo previo, amenaza directamente el futuro del campus de la Universidad de León (ULE) en El Bierzo y supone un nuevo ataque a la educación superior pública", considera el sindicato.

Desde CCOO denuncian "la falta de información y de participación de la comunidad educativa en este proceso. No se conocen aún ni las titulaciones que se impartirán ni el proyecto educativo del centro, que aparece vinculado a entidades privadas y plataformas de formación online. Esta operación ha sido impulsada por la Consejería de Educación de la Junta sin debate parlamentario ni consulta a los agentes sociales y educativos del territorio, utilizando la opacidad y la absoluta falta de transparencia e información".

"El modelo de universidades privadas y online, como ya se ha demostrado en otras comunidades autónomas, responde a una lógica empresarial basada en la rentabilidad, no en la calidad. En lugar de reforzar el sistema público, se promueve una oferta paralela de baja exigencia, escaso arraigo territorial y sin garantías de equidad ni calidad académica", afirma el sindicato, al tiempo que recuerda que "la Universidad de León ya ha advertido del impacto negativo que tendría este tipo de competencia en su recién aprobado Plan Estratégico. La pérdida de población y la falta de inversión pública ya son graves amenazas para su sostenibilidad. La llegada de centros privados agravaría aún más la precarización del campus de Ponferrada y debilitaría su función vertebradora y social, resultando en la práctica en un nuevo ataque a la Educación Pública".

Víctor Bejega, secretario general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León, insiste en que “se debe apostar por un modelo universitario público y de calidad, que refuerce el territorio y que garantice condiciones laborales a sus trabajadoras y trabajadores. Los modelos privados representan todo lo contrario, con peores condiciones laborales, falta absoluta de arraigo en el territorio, mercantilización de la enseñanza y titulaciones de una ínfima calidad educativa”.