Concluida la instrucción, las acusaciones piden la imposición de "muy graves penas privativas de libertad" ante posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

"No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar (...) una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, señala el juez.