El PP pide a la Diputación de León que aclare la denuncia de las empresas de carreteras por la revisión de precios desde 2017
El Grupo Popular en la Diputación de León ha solicitado al equipo de gobierno que “aclare” la denuncia presentada en los tribunales por las dos empresas adjudicatarias del anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras, tras reclamar una actualización de precios que, según las compañías, no se habría aplicado desde 2017 hasta la firma del nuevo contrato en 2023.
Según la información trasladada por el PP, esta discrepancia podría derivar en la obligación de la institución provincial de abonar la diferencia acumulada por el incremento de los costes en ese periodo, especialmente tras el impacto de la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania, además de los intereses de demora si la Justicia da la razón a las empresas.
Las adjudicatarias sostienen que la revisión de precios estaría amparada en el pliego de condiciones aprobado en 2015, que contemplaba ajustes en la parte de obra a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, así como en el decreto-ley 4/2022 del Gobierno de España, que establece medidas extraordinarias para la revisión excepcional de precios en contratos públicos de obras como consecuencia del incremento de costes.
Sin embargo, la Diputación habría rechazado esta reclamación al considerar que el contrato original no contemplaba dicha actualización, a pesar de que el servicio se encontraba prorrogado hasta la adjudicación de un nuevo contrato.
El contrato de conservación de carreteras fue adjudicado en 2015 en dos lotes, correspondientes a las zonas occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales por sector, con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta 2019.
Posteriormente, el anterior equipo de gobierno formado por PSOE y UPL habría prorrogado el contrato durante varios ejercicios “sin soporte contractual”, según el PP, mediante pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito, sin que se licitara un nuevo contrato hasta 2021. Ese primer proceso, no obstante, quedó paralizado al no ser validada la valoración de ofertas por la consultora pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, lo que obligó a reiniciar el procedimiento.
Finalmente, el nuevo contrato fue adjudicado en 2023, con un incremento significativo de la dotación, hasta los 3 millones de euros anuales por cada uno de los dos sectores de la red provincial, y es el actualmente en vigor.
