UPL preguntará en las Cortes por los efectos de una polémica explotación de agua embotellada en Quintana y Congosto tras la autorización de la Junta
"Un proceso iniciado en 2021, que contó siempre con una importante oposición social, y que sumó alrededor de 800 alegaciones en contra de un proyecto que ahora, parece, será una realidad", precisan los leonesistas.
Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará a las Cortes de Castilla y León el debate en torno a la autorización de la Junta de Castilla y León para que la sociedad Sierra de Lobos SL pueda explotar agua embotellada del sondeo Jamuz en Quitana y Congosto. "Un proceso iniciado en 2021, que contó siempre con una importante oposición social, y que sumó alrededor de 800 alegaciones en contra de un proyecto que ahora, parece, será una realidad", añaden.
Un proyecto que, según los leonesistas, permitirá extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año de agua, lo que equivaldría al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas y de un consumo diario de unos 1,37 millones de litros. "Cifras que llevaron a particulares, plataformas vecinales y asociaciones ecologistas a alertar del impacto que podría tener en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería por la reducción considerable de los recursos hídricos", precisan.
De este modo, desde la formación leonesista avanzan que tras constituirse las Cortes "se presentarán las iniciativas necesarias para conocer los efectos y el impacto que producirá esta planta, que afecta a miles de hectáreas y limita el uso de fincas privadas. La preocupación es mayor para una zona que el pasado verano sufrió de forma notable la virulencia de los incendios forestales y que podrían afectar aún más al acuífero".
“Una vez más se ataca a un recurso esencial para la zona”, reafirmaron desde UPL, que incidieron que la agricultura y la ganadería es “un medio de vida” para una zona rural que "están empeñados en despoblar con decisiones como esta". Por todo ello, y "ante el evidente descontento social", se cuestionará a la Junta por el posible impacto sobre el acuífero, la compatibilidad con el plan hidrológico o la afección ambiental sufrida y se exigirá que la administración vigile los posibles perjuicios en la zona por el desarrollo de este proyecto.
