El PP denuncia que la Diputación paga “sin contrato” el alquiler de una nave para los bomberos desde enero de 2022
El Partido Popular denuncia que la Diputación está pagando “sin contrato en vigor” el alquiler de una nave en el polígono industrial de Villacedré para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) desde enero de 2022.
"La institución provincial tramita el pago de las facturas a través de la fórmula de ‘reconocimiento extrajudicial de crédito’ por un importe de 1.815 euros mensuales. Las últimas facturas, gestionadas a través del esta fórmula, han pasado ya la Comisión de Hacienda de este mes e irán al Pleno del mes de julio e incluye el pago de los alquileres de los meses de abril y mayo por un importe total de 3.630 euros", según detallan los populares
Tal y como refleja el informe del Interventor de la Diputación se trata de “la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba” que caducó el 12 de enero de 2022, añaden desde el PP.
Esta situación demuestra, a juicio de los populares, “la inacción y la falta de gestión” por parte de la institución provincial, "cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Luis Alberto Arias, por cuanto no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato”.
El acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendador se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial, precisan desde el PP, añadiendo que “el contrato finalizó el 12 de enero de 2022, tal y como recoge el documento del interventor incluido en la Comisión de Hacienda celebrada esta semana, sin que se hubiera autorizado previamente la primera prórroga anual prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo”.
El citado documento también refleja la necesidad “de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran” mientras se tramita “el expediente de contratación del nuevo arrendamiento que satisfaga estas necesidades”, se indica desde el PP, concluyendo que "se trata de obligaciones nacidas al margen del procedimiento legal previsto en la Ley 9/20017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Se trata, incide el informe de Intervención, de la prestación de un servicio que se sigue prestando, aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba”.
