ASEMFO advierte que 950 bomberos forestales no acudirán desde este jueves a la extinción de incendios por “la falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”
Las empresas forestales de Castilla y León asociadas en ASEMFO -Asociación Nacional de Empresas Forestales- han decidido "por unanimidad" no participar en la extinción de incendios forestales "tras constatar la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa".
La decisión, adoptada en la Asamblea del pasado 22 de mayo, responde a una situación que la organización califica de “límite e insostenible”, provocada "por más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona".
"Esta contradicción ha derivado en una inseguridad jurídica absoluta, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios. Las empresas se ven así atrapadas entre dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales", añade, al tiempo que recuerda que desde marzo de 2025, ASEMFO ha reclamado "de forma reiterada el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad. La respuesta de la Junta ha sido el silencio y la inacción", en una actitud que la asociación considera “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.
Por otra parte, precisan que "la Inspección considera la actuación de las empresas como un trabajo ordinario, no una emergencia, y por tanto no sujeto a las excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores".
"La situación es insostenible y las administraciones se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común. El desmantelamiento de la participación privada en la extinción de incendios y la sustitución por TRAGSA no mejora el Operativo. La sustitución por TRAGSA está generando graves perjuicios a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales", se afirma desde ASEMFO, recordando que "la prioridad debe ser un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada".
ASEMFO subraya que "la retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica. Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento".
La asociación exige "una respuesta urgente, concreta y verificable".
