La Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel para los cabecillas de la trama del vino falsificado del Bierzo
La Fiscalía solicita penas de hasta 21 años de prisión para los principales responsables de la presunta trama dedicada a la falsificación y comercialización fraudulenta de vinos amparados bajo distintas denominaciones de origen, entre ellas la DO Bierzo, la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León y la DO La Mancha.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Radio Bierzo, siete personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de León por su supuesta implicación en una organización criminal que habría introducido en el mercado cerca de dos millones de botellas de vino etiquetadas de forma fraudulenta.
Entre los acusados se encuentran un matrimonio y su hijo, considerados por la Fiscalía como los máximos responsables de la trama, para quienes se solicitan penas que alcanzan los 21 años de cárcel. El resto de procesados se enfrenta a condenas de entre 17, 9 y 5 años de prisión en función de su presunto nivel de participación dentro de la estructura de la organización.
La investigación se inició en el año 2018 tras una denuncia presentada por la Denominación de Origen Bierzo, que detectó supuestas irregularidades en una bodega situada en Cabañas Raras. A raíz de aquellas sospechas, la Guardia Civil puso en marcha la operación ‘Baco2019’, que permitió destapar una compleja red empresarial vinculada al sector vitivinícola.
La Fiscalía sitúa al frente de la trama a una familia ourensana propietaria de varias empresas relacionadas con la producción y exportación de vino, entre ellas Compañía Europea Exportadora de Vinos, Compañía Vinícola Sur de Europa y Ana Lamas S.L. Según la acusación, utilizaban como puerta de entrada al mercado berciano la empresa Compañía Exportadora Vinícola del Bierzo, asentada en Cabañas Raras.
Desde estas firmas se habrían realizado compras masivas de vino procedente de Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja para posteriormente comercializarlo utilizando presuntamente etiquetas, contraetiquetas y tirillas de distintas denominaciones de origen en cantidades superiores a las autorizadas.
La investigación sostiene además que los vinos incumplían los requisitos de origen y trazabilidad exigidos por las denominaciones de calidad y que incluso habrían sido adulterados con sustancias prohibidas. Entre ellas figura la Natamicina, un antibiótico empleado para evitar la proliferación de hongos y levaduras cuya utilización está prohibida en el vino.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas por inspecciones realizadas por el Seprona, así como por técnicos de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. Según el Ministerio Fiscal, algunas órdenes de cierre emitidas por las administraciones habrían sido incumplidas.
La trama contaría también con la colaboración de una imprenta gráfica de Ourense encargada de fabricar etiquetas y contraetiquetas, además de otras empresas vinculadas al embotellado y distribución del producto presuntamente fraudulento.
La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada de certificados, delito contra la salud pública y delito contra la propiedad industrial
