ASEMFO asegura que el Consejero de Medio Ambiente le ha trasladado que el cambio de modelo del Operativo de Incendios de la Junta “tiene carácter político”

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) quiere expresar su "rechazo absoluto a la decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de modificar el modelo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sin consultar al sector empresarial ni a los agentes sociales implicados".

"Tras más de 30 años de colaboración público-privada", ASEMFO denuncia que "esta decisión responde únicamente a criterios políticos, sin contar con el aval técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Así quedó patente en la reunión celebrada el pasado 20 de octubre con el consejero de Medio Ambiente. Nos confirma que la decisión del cambio de modelo del Operativo de Incendios tiene carácter político, sin responder a criterios técnicos".

“El nuevo modelo elimina la participación de las empresas forestales, incrementa los costes en un 50% y no resuelve la gestión de los incendios forestales”, se afirma desde ASEMFO, para quien “se prioriza la política sobre la gestión técnica, dejando de lado la eficacia, la sostenibilidad y el empleo rural”.

Consecuencias del cambio de modelo

Según la Asociación Nacional de Empresas Forestales, el cambio de modelo se traducirá en la "desaparición de empresas forestales que generan riqueza y empleo en el medio rural; incremento del gasto público en un 50% sin mejorar la eficacia en la prevención y extinción de incendios; abandono de la gestión activa del monte, clave para reducir riesgos y proteger los bosques; y aumento de la conflictividad laboral, sin soluciones reales sobre el terreno".

ASEMFO insiste en que "la verdadera prevención no consiste en sólo más medios o personal, sino en gestionar el combustible del monte, y aplicar una gestión técnica eficiente. Así se lo quiere explicar ASEMFO a Mañueco, cuando el presidente decida recibir a la Asociación, después de varias peticiones".

"Calculadora electoral"

“Castilla y León no necesita una calculadora electoral; necesita gestión técnica, responsabilidad y sentido común. Cuando la política se impone a la gestión, quienes pagan el precio son los bosques, los profesionales forestales, las empresas y los ciudadanos”, concluye la asociación.