El Ejecutivo bembibrense solicita la revisión del acuerdo sobre la subvención a Embutidos Santa Cruz por “fraude de ley” mientras la oposición insiste en que “se ajusta a derecho”
El equipo de gobierno de PSOE y UPL entiende que el acuerdo "es nulo de pleno derecho". PP, CB y X Bembibre insisten en que la propuesta contó con el aval del secretario municipal y la Intervención.

Los ediles del PSOE y UPL que componen el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bembibre han registrado este viernes en el Consistorio un escrito solicitando la revisión de oficio del acuerdo aprobado en el Pleno celebrado el pasado 15 de diciembre por ser, a su juicio, "nulo de pleno derecho y, además, constituir fraude de ley".
Este escrito es la primera vía, aseguran, que abre el camino para acudir posteriormente, en caso de ser desestimada esta solicitud, al Juzgado contencioso-administrativo, "sin perjuicio del resto de acciones que nos pudieran corresponder".
El escrito presentado se puede consultar haciendo clic aquí.
La oposición defiende la legalidad de la ayuda y su impacto social
Por su parte, los portavoces del PP, X Bembibre y Coalición por El Bierzo defendieron conjunta y públicamente este viernes la legalidad del Pleno que aprobó la ayuda a Embutidos Santa Cruz, asegurando que el acuerdo es “viable y ajustado a derecho” y puso el foco en su impacto social, especialmente en el empleo de más de 50 familias del municipio.
Criticaron la ausencia del equipo de gobierno en el Pleno monográfico del 15 de diciembre, calificándola de “dejación de funciones”, y recordaron que la propuesta fue debatida y consensuada por la oposición, con el aval del secretario municipal y la Intervención. La ayuda se articularía mediante una subvención nominativa, con un 70% en 2026 y el 30% restante en 2027, condicionada a la aprobación de los presupuestos.
Los portavoces subrayaron la trayectoria de la empresa en el polígono y el grave impacto del incendio sufrido, insistiendo en la necesidad de apoyo institucional. También advirtieron que el acuerdo quedará sin efecto si el equipo de gobierno no lo incluye en los presupuestos de 2026.






















