El PP planta cara al Gobierno en el Senado por la ausencia de ministros: «Defendemos Ceuta, la Constitución, el Parlamento y la democracia»
Antonio Silván y María Jesús Bonilla defienden el conflicto de atribuciones y reclaman la comparecencia de Albares, Robles y Marlaska

El Partido Popular ha elevado la presión sobre el Gobierno en el Senado por la negativa de varios ministros a comparecer ante la Cámara Alta para dar explicaciones sobre la situación vivida en Ceuta.
El portavoz adjunto del PP y senador por León, Antonio Silván, y la senadora por Cuenca María Jesús Bonilla defendieron el conflicto de atribuciones planteado por el Grupo Parlamentario Popular, que reclama formalmente la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Los populares sostienen que los ministros dejaron vacías sus sillas durante las comisiones extraordinarias celebradas en agosto, convocadas para abordar la crisis en la frontera de Ceuta.
Silván: «El Gobierno no puede elegir cuándo ser controlado»
Antonio Silván denunció que el Ejecutivo «decidió que podía elegir ante qué Cámara quería ser controlado, cuándo quería ser controlado y en qué condiciones aceptaba ese control».
El senador leonés defendió que el Senado estaba ejerciendo una competencia constitucional y cuestionó la respuesta del Gobierno, que habría apelado a la «prevalencia del Congreso».
«Cuatro sesiones parlamentarias. Cuatro sillas vacías», afirmó Silván, quien calificó de «extraordinariamente grave» que los ministros no acudieran a la Cámara Alta.
El dirigente popular puso el foco especialmente en los ciudadanos de Ceuta y afirmó que «los ceutíes no son el problema, son quienes están soportando el problema».
«Son 80.000 españoles que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano del resto de España», señaló, reclamando que el Gobierno ofrezca explicaciones.
Críticas a Sánchez
Silván también recordó otros episodios en los que, según el PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habría comparecido ante el Senado para dar explicaciones.
A su juicio, no se trata de un simple descuido, sino de «una forma de entender el poder y una estrategia para deteriorar el Senado porque no lo controla».
«Sánchez puede evitar el Senado, retrasar las explicaciones, ordenar a los ministros que no comparezcan, pero no puede administrar la verdad», aseguró.
El senador popular defendió además la actuación del Gobierno de la ciudad autónoma, liderado por Juan Vivas, y reclamó que los ministros respondan a las preguntas de los senadores.
«No estáis solos, Ceuta es España», trasladó Silván, antes de afirmar que «por encima de cualquier gobierno o cualquier cálculo político, están la Constitución y España».
Bonilla acusa al Ejecutivo de no estar «a la altura»
En la misma línea se pronunció María Jesús Bonilla, quien sostuvo que el Gobierno «incumplió sus obligaciones constitucionales y reglamentarias» en uno de los momentos que calificó como «más graves para Ceuta y para España».
La senadora popular reprochó también a los senadores socialistas su ausencia en las comisiones y aseguró que «Ceuta no podía esperar y España tampoco».
Bonilla criticó que el Ejecutivo no acudiera al Senado para ofrecer explicaciones y afirmó que «en una crisis nacional, el Gobierno no puede ponerse de vacaciones de sus responsabilidades, ni pretender que se vaya de vacaciones el control parlamentario».
La senadora destacó la actuación de los ceutíes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos, mientras aseguró que Pedro Sánchez y su Gobierno «no estuvieron a la altura, ni antes, ni durante, ni después».
«Defender al Senado no es defender al PP»
Bonilla reclamó a los senadores socialistas que su «primera lealtad» debe ser con «la Constitución y con España» y defendió que proteger las competencias de la Cámara Alta no supone defender al Partido Popular.
«Defender al Senado no es defender al PP, es defender el equilibrio constitucional, el Parlamento y la democracia», afirmó.
Finalmente, la dirigente popular sostuvo que un Gobierno que no sea capaz de garantizar la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad y la libertad de los ciudadanos y la soberanía de España debería asumir «la máxima responsabilidad política».























